¿Quién gobierna la educación escolar en el Perú? ¿La Ministra de Educación, el Presidente de la República o el Ministro de Economía pueden decidir hacia dónde va el sistema escolar, qué cambia y qué sigue igual, qué mejora y qué no? El gobierno ha anunciado el 28 de julio pasado y en la reciente presentación del gabinete ministerial ante el pleno del Congreso, que sus políticas educativas se orientarán por el Proyecto Educativo Nacional y que su propósito es lograr equidad e inclusión, reducir brechas, ampliar y mejorar la educación inicial, invertir en la educación rural y en la educación de las poblaciones indígenas. Pero, ¿puede el nuevo gobierno realizar con éxito esos cambios y lograr sus propósitos con las estrategias políticas tradicionales?

En 1990, el gobierno democrático que sustituyó a la dictadura de Pinochet en Chile también prometió mejorar la equidad y la calidad del sistema escolar. Luego de 20 años de políticas consistentes respaldadas por una inversión inmensa de recursos y esfuerzos en desarrollo curricular, infraestructura, insumos, formación y capacitación de maestros, mejora de las condiciones laborales, tecnologías, investigación y todo cuanto se considera que influye en la calidad de la enseñanza, la educación básica chilena sigue siendo una de las más desiguales y segregadas del mundo y los resultados de sus estudiantes en evaluaciones nacionales e internacionales son decepcionantes. Luego de realizada una reforma educativa que fue considerada un modelo para la región, el descontento de los estudiantes, las familias y la sociedad chilena con su sistema escolar sustenta una protesta nacional que tiene en jaque al gobierno y amenaza con impedir la culminación del año escolar y universitario. ¿Cómo impedir que algo similar ocurra en los próximos años en el Perú?

Desde hace buen tiempo, los analistas chilenos más lúcidos –a mi juicio- y más atentos a las evidencias proporcionadas por la investigación y la evaluación, vienen señalando que la dinámica de segregación, desigualdad y baja calidad promedio de la educación básica chilena se mantiene y reproduce al margen de los esfuerzos del gobierno, como consecuencia de una lógica de mercado en la cual cada familia accede al servicio educativo que puede comprar. Como si se tratara de zapatillas o de alimentos enlatados, hay escuelas para todos los bolsillos y los proveedores regulan el gasto en calidad tomando en cuenta cuánto pueden pagar y qué están dispuestos a tolerar sus clientes, dependiendo del nivel socioeconómico en el que se ubican; la mayoría de los llamados “sostenedores” privados, como es de esperar en todo negocio, buscan minimizar los costos y aumentar su rentabilidad antes que cuidar la calidad o garantizar resultados.

Muchos se preguntarán: ¿qué tienen que ver los problemas actuales de Chile con el presente y el futuro del sistema escolar peruano? ¿No es que en el Perú la mayor parte de la población asiste a escuelas estatales y gratuitas, no reguladas por el mercado sino por las políticas, los programas y los recursos proporcionados por el gobierno nacional y los gobiernos regionales? Pues la verdad es que en el Perú se observa desde hace décadas un proceso gradual y silencioso de migración de la población escolar al sector privado, acelerado en los años 90 desde la dación del Decreto Legislativo 882, por el cual hoy en Lima alrededor de la mitad de los niños y adolescentes estudian en colegios privados. Además, la gratuidad de la escuela estatal peruana es una falacia desde que son los padres de familia o las comunidades las que construyen e implementan las aulas, aportan trabajo o dinero para el equipamiento, pagan horas de docentes que el Estado no provee o hacen uso de sus influencias en la burocracia o del poder de su movilización social –cuando los tienen- para obtener privilegios en la distribución de recursos del Estado. Tanto en el sector privado como en el estatal, el sistema escolar peruano está segregado y diferenciado en función del estrato socioeconómico, cultural y étnico al que pertenecen las familias; como en Chile, la calidad y los resultados de la educación básica están fuertemente asociados a la situación de las familias en la estructura social.

Regresando a la pregunta inicial de este artículo, ¿se puede reformar la educación escolar actual desde el gobierno? La respuesta es que se trata de un desafío complejo e incierto, como lo muestra la experiencia de Chile y otros países de la región. No basta con invertir mucho dinero en infraestructura y en programas de discriminación positiva o compensatoria. No basta con renovar la burocracia, mejorar la condición laboral y profesional del magisterio, actualizar el currículo o adoptar medidas pertinentes y positivas desde el aparato del Estado. Para lograr equidad y calidad es necesario replantear el rol del Estado en su relación con la población, afirmar su papel como garante efectivo de la realización de los derechos sociales y en particular del derecho a la educación de calidad para todos y cada uno de sus ciudadanos. Se tiene que lograr asegurar a las familias de todo el país que la calidad y el horizonte de la educación de sus hijos e hijas ya no estará determinado por su condición económica, social, étnica, cultural, lingüística, de género o cualquier otra, tal como lo establecen la Constitución, la Ley General de Educación y otras normas nacionales e internacionales.

Todo indica que una clave, por lo general ausente en las políticas gubernamentales, es la dimensión subjetiva individual y cultural de la relación de la gente con la educación básica. Es fundamental recuperar el prestigio de la escuela pública como lugar positivo de formación de la personalidad y la ciudadanía en un ambiente de encuentro intercultural y de convivencia de estudiantes de diversos orígenes sociales y culturales. Se necesita elevar al máximo las expectativas de todas las familias y de los docentes con respecto a lo que pueden lograr nuestros niños y niñas en escuelas renovadas. La motivación por la enseñanza y por el aprendizaje entre los docentes y los propios estudiantes juega un papel fundamental. Hace falta comprometer a los sectores público y privado y la sociedad en su conjunto con la realización de objetivos nacionales prioritarios de equidad y calidad del sistema escolar. Es indispensable el liderazgo político de las personalidades del gobierno, desde el nivel presidencial y ministerial, en la realización de la transformación de la educación. En definitiva, se trata de llevar adelante el Proyecto Educativo Nacional al 2021 como un gran proceso de movilización de toda la sociedad por un ideal compartido, basado en la confianza en la actuación oportuna, pertinente y eficiente del Ministerio de Educación.