Tres escolares acabaron muertos –una niña y dos varones de 6 y 8 años- y más de 80 intoxicados luego de almorzar en la escuela de Redondo, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. Leyendo un conmovedor artículo de Patricia del Río en Perú 21 (Niños Invisibles) aprendí que: “En Cajabamba, el 64% de las viviendas no tiene luz eléctrica, el 28% no cuenta con agua potable, el 81% no tiene desagüe. El 19% de las personas mayores de 15 años son analfabetas, y el 48% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica.” La población de Cachachi vive en condiciones de extrema pobreza y las imágenes mostradas en la televisión con motivo de la tragedia revelan que la escuela del caserío de Redondo es tan pobre como la comunidad que la aloja.

Al parecer la causa directa de la intoxicación fue la mezcla de insecticidas con los alimentos usados para preparar el almuerzo de los estudiantes de la escuela; pero no se sabe todavía –en el momento de escribir estas líneas- cómo y cuándo se produjo esa mezcla mortal, si eso ocurrió en la misma escuela o antes en otro lugar, en algún eslabón previo de la cadena de envasado y distribución de los alimentos proporcionados por el PRONAA. De lo que no cabe duda es que la causa real y profunda de la intoxicación y la muerte de los niños y niñas de Redondo es la aguda debilidad y la inoperancia del Estado y de sucesivos gobiernos, que han sido incapaces de promover el desarrollo y garantizar la realización de los derechos humanos fundamentales en miles de caseríos como Redondo, en todo el Perú.

Porque  la tragedia de Cachachi ha puesto en evidencia una vez más la situación de vulnerabilidad y riesgo permanente en que viven muchas comunidades rurales, abandonadas o atendidas de manera mediocre y precaria por las instituciones del Estado, tan afectadas –éstas- por las limitaciones de recursos materiales y profesionales como por la corrupción. Comenzando por las deficiencias y los peligros de las vías de acceso y las limitaciones de los medios de transporte y de comunicación; qué decir de los servicios de salud, distantes y carentes de recursos elementales para el cuidado de la vida y de la salud. Los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, disponibles sólo para algunos y en ciertos casos para nadie; la alimentación, insuficiente y muchas veces dependiente de programas sociales perforados por la corrupción y la manipulación política. Y la educación escolar, a cargo de un único profesor obligado a hacer malabares para enseñar en condiciones laborales, materiales y pedagógicas precarias, que no debemos seguir tolerando.

El drama de Cajabamba demuestra una vez más que el fortalecimiento del rol distributivo del Estado, con calidad y sin corrupción, puede ser una cuestión de vida o muerte para muchos peruanos. En ese marco es valiosa la política de “escuelas dignas para todos” anunciada por la Ministra Salas, en sustitución de la absurda inversión millonaria del gobierno anterior en unos cuantos colegios urbanos llamados “emblemáticos”, faraónicos y antipedagógicos. Debemos esperar y exigir a la nueva gestión del MINEDU que todas las escuelas rurales cuenten con agua, desagüe, electricidad, internet; con aulas acogedoras y bien equipadas, protegidas del frío y del calor, con servicios higiénicos limpios y espacios apropiados para el aprendizaje activo, para el deporte y la recreación; con una cocina y un comedor modernos e implementados con todos los elementos necesarios para garantizar la higiene y el manejo adecuado de los alimentos. Nuestras escuelas rurales deben ser dotadas del personal idóneo y suficiente que se haga responsable de cada uno de los servicios que se ofrecen a los niños y niñas en sus instalaciones.

¿Será todo aquello muy caro y oneroso para el Estado? ¿Será necesaria una inversión enorme? Pues sí, pero no existe otra manera de garantizar para siempre que no se repita la tragedia de Cachachi y al mismo tiempo generar condiciones de educabilidad, para hacer realidad la educación de calidad con equidad que ha prometido el gobierno de Ollanta Humala.