El Consejo Nacional de Educación presentó recientemente el documento titulado: “Proyecto Educativo Nacional al 2021. Balance y recomendaciones 2017 – 2018”. Este documento está organizado en función de los Objetivos Estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y tiene un capítulo dedicado al Objetivo 4: Una gestión descentralizada y democrática que logra resultados y es financiada con equidad.

En el primer párrafo del capítulo se recuerda lo siguiente: “El Objetivo estratégico 4 del PEN propone asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional dirigida con criterios de ética pública, equidad, calidad y eficiencia.” Y luego agrega: “Finalmente, se abordarán de forma breve los avances y desafíos respecto al resultado [del PEN] “educación financiada y administrada con equidad y eficiencia”.

En efecto, al final del capítulo se encuentra una sección muy breve (dos párrafos) sobre Financiamiento de la Educación, que destaca un incremento en el gasto por alumno en la educación básica con respecto al año anterior y -sin hacer un balance de lo actuado- ofrece una recomendación general de política de financiamiento, que transcribo porque considero importante:

“El gasto por alumno debe considerar los reales costos de proveer un adecuado servicio educativo dado los diferentes contextos y necesidades de los estudiantes. Para ello, los ejercicios de costeo que consideran la diversidad de los servicios educativos son necesarios para conocer con mayor precisión el gasto que necesita el sector (Alvarado, 2011). A partir de esos criterios, será posible formular presupuestos que fomenten la equidad en el sistema educativo y propiciar la inversión de mayores recursos para la atención de los grupos de estudiantes en situación de vulnerabilidad.” (p. 37)

Lo primero que llama la atención es que, habiendo transcurrido más de diez años desde la aprobación del PEN, se tengan que seguir haciendo recomendaciones generales acerca de cómo desarrollar cálculos de costos y criterios para “formular presupuestos que fomenten la equidad en el sistema educativo…”. Ese hecho, por si solo, revela que la equidad en el financiamiento no ha estado en el radar del MINEDU y del MEF durante todo este tiempo. ¿Lo estará en el período de 2019 a 2021?

El segundo aspecto que llama la atención en el tratamiento de este tema en el balance del PEN, es la ausencia de cualquier referencia al impacto del crecimiento de la matrícula en instituciones educativas privadas sobre la equidad en el financiamiento del sistema escolar, considerada como orientación del Objetivo 4 del PEN. Aunque no soy economista, puedo suponer que cuando el financiamiento de la educación es asumido creciéntemente por los padres de familia -en una lógica de mercado con muy poca regulación- crece la inequidad educativa como reflejo de las desigualdades socio-económicas de la sociedad. Las familias se agrupan en escuelas segregadas y estratificadas en función de su capacidad económica de inversión en la educación de sus hijos. En algunos casos -los menos- el “gasto por alumno” en esas escuelas privadas se dispara muy por encima del promedio y del monto que invierte el Estado en cada estudiante; en otros casos -la mayoría- ese gasto por alumno se queda por debajo del promedio nacional e incluso por debajo del monto destinado por el Estado para la educación escolar de cada alumno.

Así, el crecimiento del sector privado en la Educación Básica aumenta la inequidad en el financiamiento de la educación, dando lugar a una tendencia que contradice la orientación del objetivo estratégico 4 del PEN (y de la Ley General de Educación). Esta tendencia -regresiva en lo que respecta al financiamiento con equidad- debería ser objeto de análisis crítico por parte del Consejo Nacional de Educación, que también debería discutir y proponer políticas, estrategias y medidas concretas -no solo orientaciones generales- que permitan revertirla.

Varios estudios internacionales (PISA, SERCE-UNESCO) y nacionales (Niños del Milenio y otros) han mostrado que el sistema escolar peruano es uno de los más inequitativos y segregados del mundo, y que la segregación es el factor que más afecta los niveles y diferencias en los puntajes de nuestros estudiantes. Y no cabe duda que el modelo de financiamiento, cada vez más librado al juego de la oferta y la demanda y dependiente de las contribuciones de familias muy desiguales en su capacidad económica, está a la base de la inequidad y de la segregación escolar.

¿Qué hacer? El debate es urgente.